Borrador de AESA sobre uso civil de RPAS

A la espera de que el texto definitivo salga publicado, ya se conocen muchos de  los detalles.Aesa II

Se establecen requisitos de registro en la comercialización de los RPAS debiéndose identificar al comprador, la posibilidad de creación de un registro de RPAS, medidas de limitación de la operación de estas aeronaves por razones de seguridad pública, o limitaciones al sobrevuelo de infraestructuras críticas.

Se introducirá la figura del observador como la persona designada que, mediante observación visual del vehículo aéreo, directa y sin ayudas que no sean lentes correctoras o gafas de sol, ayuda al piloto a la realización segura del vuelo. También se introducirán las operaciones EVLOS gracias a los observadores. Los observadores deberán poseer al menos los conocimientos teóricos de un piloto remoto.

El incumplimiento del Real Decreto y su normativa de desarrollo y aplicación constituirán una infracción administrativa en el ámbito de la aviación civil conforme a lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y le será de aplicación el régimen sancionador previsto en la citada norma.

Todas las aeronaves pilotadas por control remoto deberán llevar fijada una placa de identificación ignífuga.

Los fabricantes de RPAS de masa máxima al despegue inferior a 25kg deberán elaborar para cada aeronave la documentación de caracterización según el Real Decreto y entregársela al operador. También deberán elaborar documentación relativa al funcionamiento, mantenimiento e inspección.

El operador desarrollará un programa de mantenimiento siguiendo las indicaciones del fabricante y dictará en qué casos el mantenimiento puede ser llevado a cabo por el mismo operador.

Fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, y fuera de una FIZ, se prevé que se amplíen los vuelos BLOS para incluir RPAS que cuenten con sistemas, aprobados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que permitan al piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo (no sólo los de masa máxima al despegue inferior a 2kg). De no contar con estos sistemas será necesario segregar el espacio aéreo.

Aeronaves cuya masa máxima al despegue no exceda de 10 kg podrán operar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, y fuera de una FIZ, en VLOS, cómo máximo a 100 metros del piloto y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 metros de la aeronave. Para ello, las operaciones estarán en una superficie acotada donde se haya limitado el paso de personas y vehículos por la autoridad competente, o, en otro caso, manteniendo una distancia horizontal mínima de seguridad de 150 metros respecto edificios y de 50 metros sobre personas que no estén bajo control del operador.

Se abrirá el camino a los vuelos nocturnos previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El operador tendrá que notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y al sistema de Notificación de Sucesos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según corresponda, los accidentes e incidentes graves.

El piloto y los observadores no podrán realizar sus funciones respecto de más de una aeronave pilotada por control remoto al mismo tiempo.

En cuanto a la acreditación de los requisitos teóricos del piloto se elimina el periodo de 5 años desde que se obtuvo la licencia de vuelo, bastando con que se haya sido titular y no haber sido desposeída de ella por un procedimiento sancionador.

Será necesario que el piloto lleve un registro de los vuelos realizados para demostrar que en los últimos 3 meses se han realizado al menos 3 vuelos y no perder la aptitud. Este entrenamiento podría ser en sistemas sintéticos de entrenamiento.

Cuando conforme a la legislación aplicable en relación con el deber de colaboración de los ciudadanos ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las autoridades públicas responsables de la gestión de tales situaciones requieran la colaboración de los operadores habilitados, éstos podrán realizarlos aunque no se ajusten al Real Decreto. La indemnización de los daños y perjuicios que sufran los operadores por la realización de estos vuelos se regirá por lo previsto en la legislación reguladora del deber de colaboración.

Esto es un breve resumen de lo que se espera en el futuro cercano y que añadido al resto del Real Decreto será de obligado cumplimiento para nuevos operadores y en el plazo de 3 meses para los operadores ya establecidos.

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